No queremos entrar en planteamiento demagógico de algunos, que en torno a la defensa de la canareidad, de la insularidad, e incluso postulan su aldeanismo y reclaman la creación de nuevos municipios en esta tierra. Cuando lo real es que hoy no estamos en la España decimonónica de que cada pueblo debía tener su propio ayuntamiento, ya que económicamente ese planteamiento es insostenible, y ello no sólo se ha dejado sentir sino que ha incidido de manera directa en la quiebra Griega, cuya primera medida de intervención del Gobierno de Europa, ha sido la supresión de municipios.
En España y especialmente Canarias, tierra en la que el ciudadano vive en una situación precaria y agobiante por la escasez de empleo y por la falta de iniciativa pública para crearlo, a éste no se le puede gravar con nuevas, y menos cuando éstas vienen motivadas por la creación de nuevos municipios. En el momento actual, la política que debería desarrollarse es absolutamente la contraria, habría que tender a suprimir entes municipales sin base poblacional suficiente, lo que implican que no podrían, ni deberían ostentar tal condición de municipios, aquellas zonas carentes de una población real, y con cifras superiores a la media de un barrio periférico de una gran ciudad, y la propia Ley de Bases de Régimen Local fija un tope numérico de distinción en los cinco mil habitantes.
Pero, estos han de ser reales, es decir, con existencia y presencia auténtica en la zona, y no con presencias ocasionales por meras mudadas motivadas por cambios estacionales, sino que han de contar con territorio, población real, es decir, con sujetos que tenga y haga su vida en la zona, porque ellos serán los realmente afectados por una nueva realidad municipal bien por integración o por segregación. Y ello sin olvidar que la segregación municipal tiene un límite, y es que con ella se ha de garantizar la misma calidad de servicios a los habitantes de la que venían disfrutando, no sólo en cuanto a la prestación sino también en su coste, pues no se le puede aumentar el precio, ni tampoco privarles de las posibilidades de obtención de nuevas realidades prestacionales.
Por tanto, la política expansionista en la creación de nuevos municipios, no resulta acorde con el momento histórico en que nos encontramos, pues no podemos postular que cada pueblo tenga ayuntamiento propio, ese posicionamiento resulta insostenible en la economía actual, como resultaría inviable postular que todos los españoles seamos “ hoy justos y benéficos”, actualmente hay una relatividad en tales expresiones y por tanto los servicios municipales para que sean justos y además resulten beneficiosos, han de encontrarse concentrados.